Ministerio de Justicia Propone Reformas Clave para Enfrentar la Inseguridad
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso un paquete de 14 propuestas legislativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana en el país. Estas iniciativas buscan modernizar el sistema legal peruano y combatir el avance del crimen organizado.

Creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir)
Una de las propuestas más destacadas es la creación de la Sunir, que reemplazará al INPE y al Pronacej como ente rector del sistema penitenciario. Durante una sesión extraordinaria, el ministro Walter Martínez Laura enfatizó la necesidad de reformas profundas.
“La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales”, afirmó el titular del Minjus.
Martínez señaló que el INPE mantiene una estructura desfasada y que la Sunir materializará una organización moderna, especializada y eficiente, destinada a reducir la reincidencia delictiva.
Modificaciones al Código Penal y Enfoque en Delitos Tecnológicos
El planteamiento incluye modificar el Código de Ejecución Penal y incorporar al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones. Esto sancionará a quienes instalen o financien redes clandestinas dentro de penales.
- Propuesta clave: Creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), que integrará fiscalías, juzgados y unidades policiales.
- Innovación procesal: Juzgados de justicia juvenil funcionarán de manera unipersonal para agilizar resoluciones.
Refuerzo a las Operaciones Policiales
Ante el incremento de extorsiones y sicariato, el Minjus sugiere incorporar el artículo 26-A en la Ley 31061, con el fin de evitar actos invasivos durante intervenciones policiales en estados de emergencia.
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia
Como parte del fortalecimiento institucional, se plantea crear la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep), una entidad autónoma que mejorará la cobertura y calidad de los servicios legales gratuitos.
El objetivo es alcanzar un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza, garantizando un acceso más equitativo al sistema de justicia.