El ministro de Defensa, Walter Astudillo, alertó que la «minería ilegal representa una amenaza directa a la seguridad nacional», durante una entrevista con RPP. La declaración se produce tras la prórroga del estado de emergencia en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba (La Libertad), donde 13 trabajadores de la empresa de seguridad R&R fueron asesinados.
Astudillo reconoció que el control militar en Pataz «no resuelve por sí solo la violencia», pero enfatizó su rol crítico en la estrategia integral. «Las Fuerzas Armadas asumen el control interno, pero necesitamos colaboración multisectorial», declaró.
El ministro respaldó al premier Gustavo Adrianzén frente a las cuatro mociones de censura: «Confiamos en su capacidad para superar este desafío. El país requiere estabilidad».
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