Tras el rechazo del Poder Judicial a la tutela de derechos presentada por la presidenta Dina Boluarte, el abogado penalista Mario Amoretti declaró que esta decisión se fundamenta en la legalidad de las diligencias fiscales realizadas.
La defensa de Boluarte buscaba anular la denuncia constitucional por la presunta desactivación irregular del equipo policial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Amoretti precisó en Canal N:
«No se vulneraron derechos fundamentales, ya que la actuación fiscal no requirió autorización judicial por no tratarse de medidas coercitivas»
Sustentó su postura en el artículo 68 del Código Procesal Penal, que permite declarar secreto en diligencias no coercitivas.
El fallo consideró legales las diligencias sobre declaraciones de agentes encubiertos «René» y «Carlos». Además, se destacó que la posición de Boluarte como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional justificaba medidas de protección para testigos, avalando el accionar fiscal.
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