Excongresista María Cordero solicita nulidad de investigación por ‘mochasueldos’
La excongresista María Cordero, investigada por el presunto delito de concusión conocido como «mochasueldos», ha presentado una solicitud al Poder Judicial (PJ) para que se declare la «nulidad absoluta de todo lo actuado en etapa preparatoria» y se «retrotraiga» el caso hasta la etapa parlamentaria.
Detalles de la solicitud
De acuerdo con la pretensión de Cordero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso debe elaborar un nuevo informe final que «excluya 72 elementos de convicción» comprendidos en el documento original, debido a lo que califica como «graves vicios incurridos en el trámite parlamentario».
La decisión sobre esta solicitud recae en el juez Juan Carlos Checkley, quien evaluará el pedido este martes 31 de marzo, a las 11:00 a.m.
Argumentos de la defensa
Según una resolución a la que accedió este medio, Cordero pide descartar el informe final de noviembre de 2023, aprobado en el pleno del Congreso, que permitió a la Fiscalía avanzar en la investigación. Afirma que hubo una «vulneración del contenido esencial».
La defensa de la excongresista sostiene que «se incorporaron indebidamente 72 elementos de convicción» en el citado documento, procedentes de otra denuncia constitucional por los mismos hechos. Esto ocurrió cuando la actuación probatoria «ya había concluido».
- Acumulación de denuncias: La procesada solicitó la acumulación de las denuncias constitucionales, pero se declaró infundado su pedido, por lo que no podía introducirse ningún extremo.
- Declaración de colaboración eficaz: Se incluyeron fragmentos de la declaración de una colaboración eficaz de junio de 2023, pese a que este fue declarado frustrado en noviembre de 2024.

Posición de la Fiscalía
La fiscal suprema Zoraida Ávalos, a cargo del despacho que desarrolla la pesquisa, pidió rechazar el pedido de nulidad. En su argumentación, señaló que «la defensa no se dirige contra un acto producido en la investigación preparatoria tramitada por esta fiscalía, sino más bien contra actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria».
El desenlace de esta solicitud podría tener implicaciones significativas en el curso de la investigación contra la excongresista, marcando un precedente en casos de acusaciones constitucionales.