Luz Pacheco: Jueces peruanos no deben acatar fallos internacionales que vulneren derechos humanos

Declaraciones en la apertura del año jurisdiccional

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, indicó que los jueces no están obligados a acatar decisiones de tribunales internacionales si estas vulneran los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados vigentes.

Control de convencionalidad y derechos fundamentales

En la apertura del año jurisdiccional, señaló que el control de convencionalidad debe centrarse en garantizar el contenido real de los derechos humanos, y no solo en el tribunal de origen del fallo.

Crítica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Pacheco cuestionó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, que determina que la vida comienza con la implantación del embrión.

Fundamentos constitucionales

Asimismo, señaló que dicha interpretación contradice el artículo 4 de la Convención Americana y el artículo 2 de la Constitución peruana, que reconocen la protección de la vida desde la concepción.

Seguridad jurídica y acatamiento interno

La presidenta del Tribunal Constitucional subrayó que respetar las decisiones del sistema de justicia nacional es esencial para prevenir el caos y garantizar la seguridad jurídica. Luz Pacheco admitió que pueden presentarse discrepancias entre los magistrados, pero subrayó que la decisión mayoritaria del Tribunal debe ser acatada, aunque algunos integrantes no la compartan.

Estadísticas y eficiencia del Tribunal Constitucional

Durante su exposición, Pacheco destacó que el Tribunal Constitucional resolvió 4.811 expedientes en 2023, a pesar del aumento de la carga procesal y sin contar con más personal.

Innovaciones tecnológicas

También anunció la adopción de notificaciones electrónicas y el uso de inteligencia artificial para acelerar la revisión de los casos.

Solicitud presupuestaria

Además, solicitó al Congreso y al Ejecutivo una ampliación del presupuesto institucional, señalando que existen limitaciones para el mantenimiento y la contratación de servicios esenciales.