El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Andrés Hurtado (conocido como «Chibolín»), la suspendida Fiscal superior Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira, así como de cuatro empresas vinculadas a Hurtado.
La medida fue dispuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró que esta acción es idónea, necesaria y proporcional para investigar presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.
«Constituye la herramienta más efectiva para determinar si efectivamente existen movimientos bancarios que evidencien si los hechos imputados son reales», especificó el juez Checkley en la resolución.
El juez argumentó que esta medida se justifica por el interés público de esclarecer hechos graves y que la información obtenida será proporcional a la afectación de los secretos.
Andrés Hurtado cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho, acusado por el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei a favor de Elizabeth Peralta, para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público en el 2020.
Recientemente, se conoció que Hurtado envió una carta escrita a mano al Tribunal Constitucional el 14 de julio de 2025, solicitando anular su prisión preventiva bajo el argumento de que no existe riesgo de fuga y que la imputación carece de asidero legal.
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