El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori plantea el traslado de internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad, entre ellos quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar, a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en desuso.
La finalidad de esta medida es reducir el hacinamiento que existe en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de los reos de mayor peligrosidad.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares en desuso para el traslado de internos de menor peligrosidad.
La habilitación de hangares en desuso forma parte de las medidas que impulsa el Ejecutivo para enfrentar la crisis penitenciaria, según lo señalado por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.
De acuerdo al Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, un total de 2,672 personas estaban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria.
| Condición procesal | Número de internos |
|---|---|
| Procesadas | 710 |
| Con sentencia efectiva | 1,962 |
| Total | 2,672 |
El planteamiento del Ejecutivo contempla identificar espacios adecuados y habilitar instalaciones temporales para albergar de manera segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control.
El paquete de medidas también plantea restringir los beneficios que permiten a los internos reducir sus penas por terminación anticipada para los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.
Ante el déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) —actualmente más de 7 mil agentes— el gobierno propone autorizar la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios.
De esta manera, el personal del INPE se concentrará netamente en mantener el orden y la seguridad en los penales.
La propuesta del gobierno de Keiko Fujimori busca así reordenar el sistema penitenciario, priorizando el control de los internos de mayor peligrosidad y aliviando la sobrepoblación en los penales del país.
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