La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, ha criticado el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabiliza al Estado peruano por las presuntas esterilizaciones forzadas registradas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.
Desde Cajamarca, Fujimori sostuvo que lo que se denomina “plan de esterilizaciones” fue, en realidad, un programa de salud reproductiva.
“El mal llamado plan de esterilizaciones, en realidad fue un programa de salud reproductiva, educó y dio la posibilidad a miles de mujeres a decidir cuántos y cuándo tener a sus hijos”,
declaró a Canal N.
Asimismo, cuestionó el timing electoral del fallo y afirmó que aún no lo ha leído, evitando así fijar una posición definitiva.
“Me llama la atención que nuevamente sea en época electoral y sale algo así. Vamos con los abogados a leer los documentos y luego haremos el pronunciamiento debido”,
afirmó.
El 5 de marzo, la Corte IDH informó que declaró al Perú responsable internacionalmente por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida en 1997.
El tribunal detalló que Ramos Durand “fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas” y que “el establecimiento no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias”.
Además, la Corte señaló la responsabilidad del Estado “por la falta de debida diligencia y la demora injustificada en la investigación de lo ocurrido”.
Según la Corte IDH, los hechos ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Este programa es el centro de la controversia, ya que mientras las autoridades de la época lo defendían como una iniciativa de salud pública, organizaciones de derechos humanos y víctimas lo denuncian como una política de esterilizaciones forzadas, especialmente dirigida a mujeres pobres y rurales.
Keiko Fujimori indicó que analizará el fallo con su equipo legal antes de emitir un pronunciamiento formal. El fallo de la Corte IDH obliga al Estado peruano a reparar a las víctimas y a investigar los hechos con diligencia, marcando un precedente significativo en la defensa de los derechos humanos en el país.
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