Juzgado ordena la liberación de tres detenidos por delitos electorales en Lima

Decisión judicial en Lima Norte

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lima Norte declaró improcedente el pedido de la Fiscalía para iniciar un proceso inmediato contra tres ciudadanos intervenidos por presuntos delitos electorales durante la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio. La jueza Fiorella Linares dispuso la inmediata libertad de los investigados, aunque la investigación continuará bajo un proceso común.

Los detenidos y los hechos

Se trata de los miembros de mesa Tomás Alegre Díaz, Joseph Aguilar Peñaloza y Martín Alarcón de la Cruz, quienes integraron la mesa de sufragio 061020, instalada en el aula 101 de la institución educativa Enrique Milla Ochoa, en el distrito limeño de Los Olivos. Los tres fueron intervenidos luego de que se hallaran al menos 37 cédulas de sufragio rayadas bajo su custodia.

Argumentos del juzgado

Al sustentar su decisión, el juzgado señaló que para tramitar un proceso inmediato deben concurrir de manera conjunta dos requisitos: una imputación concreta y una situación de flagrancia evidente. La jueza Linares indicó:

“No solo basta declararlo de manera genérica. (La Fiscalía) lo ha englobado en una sola conducta, pero no nos ha determinado quién lo hizo (…). Se necesita que sea un caso evidente y el Ministerio Público no ha logrado justificar eso para que se lleve el caso por una vía inmediata”.

Durante la audiencia, la magistrada cuestionó que el Ministerio Público no haya individualizado la presunta participación de cada uno de los imputados. “El MP no nos logró determinar cuál ha sido la conducta realizada o cuál ha sido el rol de cada uno de los citados imputados para poder lograr la enmendadura de estas cédulas”, sostuvo la jueza.

Libertad condicionada y continuación de la investigación

Tras el fallo, la magistrada dispuso la inmediata libertad de los tres investigados, que no registraban otras órdenes de captura vigentes. No obstante, precisó que la investigación continuará por el presunto delito contra la voluntad popular, en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio, aunque bajo las reglas de un proceso común.

El caso ha generado atención sobre los procedimientos judiciales en delitos electorales y la necesidad de una imputación precisa para garantizar el debido proceso.