La situación legal de Pedro Pablo Kuczynski vuelve a complicarse. El Poder Judicial declaró improcedente el pedido presentado por el exmandatario para archivar la investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de lavado de activos, relacionada con el financiamiento de su campaña presidencial en las elecciones generales de 2016.
La jueza Margarita Salcedo, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción interpuesto por la defensa de PPK. Con este recurso se buscaba el archivamiento definitivo y el cierre inmediato de este extremo del proceso penal.
La hipótesis del Ministerio Público contra Kuczynski tomó mayor relevancia legal a fines de diciembre de 2018, cuando las autoridades fiscales recogieron las declaraciones de cinco ciudadanos que aparecían en los registros oficiales de la ONPE como aportantes de la agrupación política Peruanos por el Kambio.
Los testigos negaron de manera categórica haber efectuado aportes o colaboraciones económicas para la campaña presidencial, lo que llevó a la Fiscalía a sospechar de una presunta red orientada a introducir dinero de origen ilícito mediante el mecanismo de falsos aportantes, conocido como “pitufeo”.
Durante las audiencias técnicas, la defensa de Kuczynski argumentó que la imputación fiscal atentaba contra el principio de legalidad. Según sus abogados, los hechos atribuidos en 2016 correspondían a una figura de receptación patrimonial que, en ese momento, no estaba tipificada de manera expresa como delito electoral.
Asimismo, la defensa sostuvo que no se habían demostrado actos concretos de conversión, transferencia u ocultamiento de dinero, y argumentó que tampoco existía un delito fuente plenamente identificado.
No obstante, la jueza Margarita Salcedo rechazó estos argumentos en su resolución. La magistrada concluyó que los hechos expuestos por la Fiscalía sí encajan en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento contempladas y sancionadas en el Decreto Legislativo 1106, norma vinculada a la lucha contra el lavado de activos y otros delitos.
Con esta decisión judicial, el expresidente deberá continuar afrontando la investigación preparatoria de la Fiscalía, proceso en el que también es señalado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.
La resolución de la jueza Salcedo deja en firme la vía penal y reafirma la postura del Ministerio Público, que seguirá indagando el origen y destino de los fondos presuntamente ilícitos que habrían financiado la campaña de 2016.
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