El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para anular diligencias fiscales y una denuncia constitucional en su contra, presentada por la Fiscalía de la Nación en noviembre de 2024.
La denuncia constitucional acusa a la mandataria de intentar «sustraer de la persecución penal» a su hermano Nicanor Boluarte en el Caso Los Waykis en la Sombra. Según la Fiscalía, Boluarte habría realizado «ofrecimientos ilícitos» al coronel PNP (r) Harvey Colchado a través de su entonces abogado Mateo Castañeda.
En el momento de los hechos, Colchado dirigía la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y lideraba el grupo policial del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Este equipo fue desactivado por el Gobierno, acción que el Ministerio Público calificó de «ilícita».
El defensor de Boluarte, Juan Carlos Portugal, alegó que la denuncia debía desestimarse por basarse en diligencias secretas, incluyendo:
Portugal denunció además una presunta «vulneración al derecho a la motivación».
El juez Checkley determinó que no podía declararse la nulidad porque «el presente proceso se encuentra en el fuero parlamentario», manteniendo vigente la denuncia constitucional contra la presidenta.
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