John Javier Paredes Salas, integrante del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, ha adquirido notoriedad mediática por una serie de fallos que, según análisis, favorecen sistemáticamente a figuras políticas de izquierda, mientras adoptan una postura contraria hacia representantes de la derecha.
El magistrado se encuentra a cargo de resolver la demanda de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) en contra del nombramiento de los actuales integrantes de la JNJ. El IDL, una organización civil compuesta por periodistas, abogados y ciudadanos de izquierda, argumentó vicios e irregularidades en el proceso de selección llevado a cabo por una Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo.
En agosto, Paredes Salas admitió a trámite la demanda, y el caso será evaluado el 22 de diciembre.
En junio de 2022, el juez ordenó al Congreso suspender la elección del defensor del Pueblo, respondiendo a una demanda del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. No obstante, un año después, el Tribunal Constitucional revocó esta decisión.
En agosto de 2023, Paredes anuló la resolución de un tribunal de Junín que había confirmado una condena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva para Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible. En su lugar, impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida. La Fiscalía imputó a Cerrón por favorecer al consorcio Altiplano en un contrato de 850 mil soles. Posteriormente, una Sala Superior revocó este fallo.
El fallo más reciente de Paredes benefició al partido Unidad Popular, liderado por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. El juez ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inscribir al partido para permitir su participación en las Elecciones Generales 2026, a pesar de que el plazo venció el 12 de abril. Además, impuso una multa de 5 URP al director de la DNROP, Felipe Andrés Paredes San Román, y remitió copias de los hechos a la Fiscalía. El JNE no acató la resolución, y el caso ahora está en manos del Tribunal Constitucional.
El penalista Fernando Silva explicó que los jueces tienen «el criterio de conciencia para tomar sus decisiones». Señaló que si un juez «siempre resuelve a favor de cierta tendencia de izquierda, claramente podríamos llamarlo progresista». Además, advirtió que si estos fallos son revocados en instancias superiores por no aplicar correctamente la ley, podría indicar un favorecimiento intrínseco.
«Cualquier otra resolución basada en ideología, debería ser sancionada», manifestó Silva.
El experto también recordó que los afectados pueden presentar demandas si perciben sesgo ideológico, lo que podría derivar en sanciones o cambios en el actuardel juez.
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