La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió un oficio formal al entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, poco antes de que se confirmara su salida del cargo. La entidad solicitó información exhaustiva sobre el personal extranjero contratado en la institución electoral.
El pedido, fechado el 20 de abril, estableció un plazo perentorio de cinco días para la entrega de los datos. La JNJ invocó al artículo 154 de la Constitución para sustentar su requerimiento de información.
El requerimiento se emitió en un escenario de fuertes cuestionamientos tras las elecciones generales, donde se reportaron problemas en la instalación de mesas y en el uso de herramientas tecnológicas.
La medida buscó esclarecer aspectos relacionados con la gestión administrativa y se dio en medio de un mayor control sobre el funcionamiento de la entidad. La disposición fue de carácter obligatorio para las áreas técnicas de la institución.
El envío del documento se produjo horas antes de la renuncia de Piero Corvetto. Aunque no se detallaron las razones en el oficio, ambos hechos ocurrieron en el mismo contexto de denuncias sobre posibles irregularidades en contrataciones.
El análisis de la información solicitada permitirá determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos, formando parte de las acciones de control sobre la gestión institucional de la ONPE.
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