Tres días antes de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó una fiesta privada en una hacienda de Surco para agasajar a los observadores internacionales que llegaron a Lima a supervisar el proceso electoral. El evento, pagado con dinero de los peruanos, incluyó show en vivo, caballos de paso, danzantes, jarana criolla, buffet y bar abierto, con un costo superior a los S/25 mil.
Las imágenes de videovigilancia revelan que a las 7:34 de la noche del jueves 9 de abril la velada ya empezaba. Muchos de los asistentes llegaron en vehículos del Estado y efectivos policiales custodiaban el acceso al local. Entre los presentes estaban Roberto Burneo (presidente del JNE), Carmen Velarde (jefa de Reniec), Gina Salazar (gerente general del JNE), José Pérez (director oficial de Cooperación), Luisa Fernan (directora de Estudios y coordinadora territorial del JNE), y funcionarios de la ONPE. Es decir, fiscalizadores y fiscalizados sentados a la misma mesa tres días antes de los comicios.
La propia gerente general del JNE, Gina Salazar, confirmó la presencia de funcionarios de los tres organismos electorales y justificó el gasto: “Si bien no es una actividad oficial dentro del cronograma de capacitación, permite intercambiar comentarios de los representantes internacionales”, declaró a Panorama. Sin embargo, el problema va más allá del gasto. Los observadores que esa noche disfrutaron de la jarana criolla eran los mismos que días después emitirían sus informes sobre el proceso electoral. Dos de ellos advirtieron demoras en la primera vuelta: mesas que no se instalaron a tiempo, material electoral tardío y aplazamiento de votación en 13 locales. No obstante, tras la evaluación, afirmaron que las elecciones estuvieron “bien organizadas”.
Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, calificó el evento como una “cachetada a la población”. En declaraciones a Panorama, afirmó:
“Es fiscalizar que las cosas se hagan bien, que se tengan las condiciones mínimas y las acciones no estén parcializadas. Esto es una cachetada a la población”.
La polémica sigue en aumento, mientras la ciudadanía exige transparencia sobre el uso de recursos públicos en actividades que comprometen la imparcialidad del proceso electoral.
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