El excanciller Hugo de Zela sostuvo que el informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sobre el expresidente Pedro Castillo no tiene carácter vinculante para el Estado peruano y, por tanto, no puede ser utilizado como fundamento jurídico para otorgarle una gracia presidencial.
En declaraciones a Canal N, De Zela explicó que el documento corresponde a la opinión de un grupo de expertos y no constituye una resolución oficial de las Naciones Unidas. “No es una decisión de las Naciones Unidas. Es una opinión de un grupo de trabajo y ni siquiera existe unanimidad entre sus integrantes, porque dos miembros emitieron votos discrepantes”, manifestó.
El exministro de Relaciones Exteriores cuestionó el contenido del informe y sostuvo que omite elementos relevantes del proceso judicial seguido contra Pedro Castillo. Según indicó, el grupo de trabajo no analizó los argumentos expuestos por la Corte Suprema ni el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente anunció la disolución del Congreso y otras medidas excepcionales.
“El informe no aborda los argumentos de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional. Se limita a presentar lo ocurrido como un ejercicio de libertad de expresión, cuando millones de peruanos vimos un intento de quebrar el orden constitucional”, afirmó De Zela.
Asimismo, calificó de “insultante para los peruanos” que el documento no reconozca los hechos registrados durante el mensaje presidencial de Castillo.
Consultado sobre la posibilidad de que el presidente José María Balcázar otorgue una gracia presidencial al exmandatario tomando como referencia el informe de la ONU, De Zela señaló que la Constitución establece supuestos específicos para este tipo de medidas. A su juicio, el documento no modifica el marco constitucional ni tiene fuerza jurídica para alterar las condiciones previstas por la legislación peruana.
“La gracia presidencial tiene condiciones claramente establecidas en la Constitución. Este informe no modifica esas reglas ni tiene fuerza jurídica para hacerlo”, sostuvo.
El excanciller agregó que una eventual decisión adoptada al margen de la Constitución podría generar responsabilidades constitucionales y penales para las autoridades que la aprueben y refrenden. Además, expresó su confianza en que el Ministerio de Justicia actuará conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Durante la entrevista, De Zela también se refirió al proceso de acercamiento entre Perú y México. El excanciller afirmó que observa un cambio en el tono de las declaraciones de la presidenta mexicana y consideró positivo que ambos gobiernos busquen retomar el diálogo diplomático. “Con México nos unen vínculos históricos, comerciales y políticos muy importantes. Lo fundamental es que exista el compromiso de no intervenir en los asuntos internos de otros países”, señaló. Finalmente, manifestó su expectativa de que el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas se concrete sobre la base del respeto mutuo y los principios del derecho internacional.
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