Un informe de Human Rights Watch (HRW) presentado este martes en Lima revela que las políticas impulsadas por el Congreso y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte han favorecido la expansión del crimen organizado en Perú, debilitando las capacidades estatales para combatirlo.
El estudio Legislar para la impunidad documenta que el aumento de criminalidad en Perú durante 2024 ha sido uno de los más altos de América Latina, vinculado directamente con medidas que erosionan el marco jurídico e institucional.
«En Perú ha encontrado condiciones únicas: un Congreso disfuncional que aprueba medidas debilitadoras y un Ejecutivo débil o poco dispuesto a actuar»
– Human Rights Watch
El informe destaca que más del 50% de los congresistas enfrentan investigaciones por corrupción u otros delitos, generando conflicto de intereses al legislar y fortaleciendo redes criminales.
Las medidas excepcionales decretadas por más de un año no redujeron la criminalidad al no implementarse mejoras en:
Fuentes policiales señalaron a HRW que la carencia de recursos y falta de voluntad política limitan las investigaciones contra bandas criminales nacionales y extranjeras.
HRW insta a revisar las leyes y a una acción coordinada entre Ejecutivo y Legislativo para:
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