Gobierno prorroga estado de emergencia en Pataz por 60 días para combatir minería ilegal

Estado de emergencia extendido en provincia liberteña

El Gobierno peruano oficializó este viernes 6 de junio la prórroga por 60 días del estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad. La medida, establecida mediante Decreto Supremo Nº 077-2025-PCM, entrará en vigencia a partir del 8 de junio de 2025 con el objetivo de preservar el orden interno y combatir la minería ilegal.

Personal militar y policial desplegado en Pataz
Fuerzas del orden mantendrán control en la provincia durante la emergencia

Suspensión de derechos constitucionales

Conforme al artículo 137 de la Constitución, quedan suspendidos temporalmente:

  • Inviolabilidad del domicilio
  • Libertad de tránsito
  • Libertad de reunión
  • Libertad y seguridad personales

Toque de queda y excepciones mineras

Se establece inmovilización social obligatoria en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba entre las 22:00 y 05:00 horas. Durante este periodo solo podrán circular:

  • Personal de servicios esenciales (salud, seguridad, servicios básicos)
  • Personas en emergencias médicas o adquisición urgente de medicamentos

El decreto garantiza la continuidad de la minería formal, permitiendo tránsito entre 05:00 y 22:00 horas a quienes tengan inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Dispositivo de seguridad y coordinación

Las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), actuando bajo principios de Derecho Internacional Humanitario. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumirá el Comando Unificado, coordinando con:

  • Ministerio Público
  • Defensoría del Pueblo
  • Migraciones
  • SUCAMEC
  • Gobiernos locales

Financiamiento y rendición de cuentas

Las operaciones serán financiadas con presupuesto institucional de los sectores involucrados, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalizada la emergencia, el Comando Unificado deberá presentar un informe a los Ministerios de Defensa e Interior en un plazo de cinco días hábiles.

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