Gobierno Peruano Publica Paquete de Decretos para Combatir la Inseguridad
El Gobierno del Perú ha publicado en el diario oficial El Peruano un paquete de decretos legislativos orientados a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso. Las normas priorizan el combate a la extorsión, el control penitenciario y el refuerzo de la seguridad pública.

Nuevo Delito de Extorsión y Subsistema Especializado
Entre las principales medidas figura el Decreto Legislativo Nº 1731, que incorpora al Código Penal el delito de exigencia o requerimiento extorsivo como conducta autónoma, permitiendo una intervención penal temprana frente a amenazas.
Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1735 crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión para optimizar investigaciones, sanciones y protección a víctimas.
Control de Comunicaciones Ilícitas en Prisiones
Otra disposición relevante es el Decreto Legislativo Nº 1733, que tipifica el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en penales y centros juveniles, con el fin de frenar las comunicaciones delictivas desde prisión. También se refuerza la supervisión de antenas ilegales en estos establecimientos.
Reformas Penitenciarias: Reinserción y Máxima Seguridad
En materia penitenciaria, el Decreto Legislativo Nº 1736 regula el trabajo asistido externo para internos del régimen semiabierto condenados por delitos de menor lesividad, estableciendo criterios de acceso, permanencia y supervisión para favorecer su reinserción laboral.
Además, el Decreto Legislativo Nº 1737 fortalece el Régimen Cerrado Especial al incorporar una etapa de “extrema seguridad” y restringir beneficios penitenciarios para delitos graves. También dispone reglas más estrictas sobre vestimenta y clasificación de internos, con el objetivo de reforzar el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
Protección de Derechos y Enfoque Integral del Estado
Los decretos incluyen medidas para garantizar el respeto irrestricto de los derechos y garantías de las partes procesales, así como la protección de víctimas y testigos, promoviendo procedimientos más eficientes y transparentes.
El Ejecutivo señala que estas normas buscan consolidar un enfoque integral que combine prevención, sanción y rehabilitación, reforzando la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia organizada y la violencia en todo el país.