La Presidencia de la República del Perú emitió un comunicado calificando como «inaceptable» la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 3 de setiembre, que solicita abstenerse de aplicar la Ley de amnistía en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
El gobierno peruano afirmó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano tiene un carácter subsidiario y complementario, y no puede intervenir sin agotar primero la jurisdicción interna. «El Perú es un país soberano y democrático, comprometido históricamente con el respeto a los derechos humanos», señaló el pronunciamiento.
La Ley de amnistía, promulgada el 14 de agosto, busca cesar procesos judiciales contra militares, policías y miembros de las autodefensas procesados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. La Corte IDH había emitido una resolución de medidas urgentes el 24 de julio, requiriendo la suspensión del trámite del proyecto, que fue ignorada por el Estado peruano.
Tras la segunda orden de la Corte IDH, el gobierno peruano destacó que el país sufrió el embate del terrorismo, que intentó subvertir el Estado de derecho. Además, anunció que «continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos».
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