En respuesta al asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, atribuido a grupos criminales, el gobierno peruano anunció que solicitará facultades legislativas al Congreso para tipificar el delito de terrorismo urbano.
Mientras el Ejecutivo argumenta que la demora «ha permitido el aumento de la criminalidad», algunos sectores alertan sobre posibles riesgos para garantías procesales al usar esta figura penal.
La aprobación de las facultades legislativas dependerá de negociaciones en el Congreso, en un escenario de presión social por acciones contra la delincuencia organizada.
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