Gobierno peruano asegura protección a candidatos presidenciales para comicios de abril 2026

Compromiso gubernamental con la seguridad electoral

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, confirmó que el Ejecutivo peruano brindará las condiciones de seguridad necesarias para que los 36 candidatos presidenciales desarrollen sus campañas de cara a las elecciones del 12 de abril de 2026.

Protección implementada desde diciembre

La custodia oficial para los aspirantes a la Presidencia de la República comenzó en diciembre de 2025, según lo establecido por las autoridades electorales. Álvarez Miranda precisó que esta protección se mantendrá hasta mediados de abril, cuando solo se custodiará a los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta.

Custodia policial en evento público
Agentes de seguridad acompañan a figuras públicas, reflejando las medidas de protección implementadas para candidatos.

Limitaciones para candidatos al Congreso

El premier aclaró que la custodia no se extenderá a la totalidad de postulantes al Congreso, debido al elevado número de candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados, lo que complicaría la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Coordinación con organismos electorales

El Gobierno mantiene una coordinación permanente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar el desarrollo adecuado de cada etapa del proceso.

Financiamiento y observación internacional

A pesar de las restricciones presupuestarias, la ministra de Economía y Finanzas se comprometió a asegurar el financiamiento necesario. Además, el Ejecutivo suscribe acuerdos con entidades internacionales como la Unión Europea para la presencia de veedores electorales, buscando ampliar la participación a diversos organismos mundiales.

“Está comprometido en dar todas las facilidades a los candidatos para que puedan solicitar el voto y la confianza de los ciudadanos de manera libre y transparente”, aseguró el premier Álvarez Miranda.

Estas medidas buscan reforzar la transparencia y legitimidad de los comicios que definirán el futuro político del Perú.

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