Una semana después del inicio de la crisis en el Ministerio Público, el Gobierno peruano exigió a la fiscal suprema Delia Espinoza acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El premier Eduardo Arana manifestó su preocupación por el enfrentamiento entre Espinoza y Patricia Benavides, que afecta la institucionalidad peruana.
En diálogo con la prensa, Arana lamentó la falta de solución al conflicto: «Nosotros hemos visto con estupor y expectativa […] pasan los días y esta sensación de incertidumbre se está acrecentando». El jefe del Gabinete Ministerial demandó a la JNJ y a la Fiscalía resolver la encrucijada a la brevedad, señalando que la situación afecta directamente a la ciudadanía y la democracia.
Arana remarcó el deber de cumplir las resoluciones judiciales: «En democracia existe la institucionalidad, que implica reconocer, respetar y obedecer las normas. Si hay una resolución, debe cumplirse». Recordó que el 20 de junio ya había advertido que este conflicto «está afectando la justicia, credibilidad, institucionalidad y democracia» del país.
El Gobierno anunció que reactivará su propuesta de espacio de diálogo para superar el impasse, iniciativa que ya había presentado previamente. Arana enfatizó que el cumplimiento de la resolución de la JNJ es prioritario para restablecer el orden institucional en el Ministerio Público.
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