El Gobierno peruano oficializó la Ley 32326, que modifica el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio. Esta norma, aprobada por el Congreso en abril de 2023, exige una sentencia judicial firme para confiscar bienes de origen ilícito, generando críticas del Poder Judicial y el Ministerio Público.
En casos como tráfico de drogas o terrorismo, no se requiere sentencia firme para iniciar el proceso. Además:
Plazo de prescripción: 5 años tras la sentencia definitiva
Reserva: La etapa de indagación patrimonial es confidencial, salvo para las partes involucradas.
La norma promulgada por Dina Boluarte ha sido cuestionada por:
«El trámite arbitral no puede suspenderse»,
señala el texto legal, reforzando medidas excepcionales para delitos graves.
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