El Gobierno de Dina Boluarte se pronunció un día después de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitara a la Corte Suprema que el partido Fuerza Popular (FP) sea declarado ilegal y se cancele su inscripción, a puertas de las Elecciones Generales 2026.
A través de un comunicado en X, el Gobierno hizo un fuerte llamado de atención a la máxima representante del Ministerio Público.
“La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”, reza el pronunciamiento.
En el comunicado, el Gobierno de Boluarte recuerda que los poderes del Estado y los organismos autónomos tienen el deber de consolidar la democracia, asegurar el normal desarrollo del próximo proceso electoral y generar confianza.
“La presidenta convocó a elecciones generales para el próximo 12 de abril de 2026. Este hecho trascendental para la democracia no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política”, indicó el Gobierno.
Esta no es la primera vez que una organización política pierde su registro. En octubre del 2024, el Poder Judicial (PJ) declaró la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.).
La medida se dio como respuesta a una demanda que presentó la Fiscalía de la Nación debido a que el partido, a través de Antauro Humala, promovía actividades contrarias a los principios democráticos, por ejemplo, promovía atentados contra la vida e integridad de las personas.
En el pasado, la Fiscalía solía requerir la clausura, suspensión y disolución de un partido cuando sus líderes eran investigados. Sin embargo, el año pasado, el Congreso aprobó una ley para excluir de responsabilidad penal a los partidos.
Por ejemplo, durante el proceso por el Caso Cócteles, la Fiscalía había solicitado la disolución y liquidación de Fuerza Popular.
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