El Gobierno del presidente José Jerí tiene pendiente anunciar un “paquete de medidas” en respuesta a la movilización social del miércoles 15 de octubre, que dejó un fallecido y 120 heridos, entre policías (78) y civiles (24), junto a una declaratoria de estado de emergencia. Según el premier Ernesto Álvarez Miranda, esta última se dará, “por lo menos, en Lima Metropolitana”.
La expresidenta Dina Boluarte contabiliza al menos 21 declaratorias de estados de emergencia en distintas provincias y por diversos motivos a lo largo de su mandato. El primer estado de emergencia registrado data del 16 de febrero de 2023, en las provincias loretanas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, justificado por la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
La extensión de la medida a distritos populosos como Ate, Comas, Independencia y Villa El Salvador en septiembre de 2024 agudizó la discusión pública sobre los resultados limitados en la lucha contra asaltos y extorsiones. Un caso visible del fracaso ocurrió en Pataz (La Libertad), donde, a pesar de diez ampliaciones del estado de emergencia por minería ilegal, en mayo de 2025 trece personas fueron asesinadas en un socavón minero. La respuesta gubernamental fue una nueva ampliación con toque de queda.
El exdirector de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha cuestionó la eficacia de los reiterados estados de emergencia, declarando que la medida “fracasó” por errores en su ejecución y por convertirse en una herramienta de uso político más que operativo.
Según Pérez Rocha, se incumplieron procedimientos básicos, como la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que limitó los resultados en seguridad y orden interno. Subrayó que el estado de emergencia implica la suspensión de libertades fundamentales, por lo que su uso debería ser excepcional y estrictamente justificado.
El legado de los estados de emergencia bajo Dina Boluarte evidencia un patrón de aplicación recurrente con impactos cuestionables en la seguridad ciudadana y la gestión de crisis. Mientras el gobierno actual evalúa nuevas medidas, la experiencia pasada sirve como advertencia sobre los riesgos de normalizar esta herramienta excepcional.
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