Un reportaje de Cuarto Poder identificó a los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que actualmente rinden cuentas ante el Ministerio Público por las irregularidades que paralizaron la jornada electoral del 12 de abril en Lima y Callao. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal sin precedentes contra la cadena de mando institucional por presunta obstaculización del derecho al sufragio y omisión de actos funcionales.
El primer implicado es el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, quien asumió el máximo cargo en 2020 tras un concurso de la Junta Nacional de Justicia y ratificado en 2024. En su comparecencia ante el Congreso, Corvetto reconoció fallas pero las atribuyó a niveles inferiores, sosteniendo que “el problema se ha suscitado en la gerencia de gestión electoral y precisamente en la subgerencia de producción electoral.” El Ministerio Público lo incluyó como testigo en la carpeta fiscal 205/2026.
Samamé Blas ejercía como gerente de Gestión Electoral, el área responsable de planificar y ejecutar el despliegue del material electoral. El 12 de abril, presentó su renuncia y fue detenido por flagrante delito de omisión de actos funcionales, convirtiéndose en el único privado de libertad. En su declaración, sostuvo que se considera “inocente” y trasladó la responsabilidad a la subgerencia bajo su línea de mando.
Juan Phang Sánchez fue señalado tanto por Corvetto como por Samamé como el responsable directo de supervisar el cronograma de distribución. Destituido tras la jornada, tiene más de dos décadas en la institución. La Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar la organización criminal “Los Gánsters de la Política”, vinculada al proceso de inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú.
El JNE incluyó también en su denuncia a Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral, y a Edward Alarcón González, gerente de Administración. Ambos integran la estructura directiva que debía garantizar el correcto desarrollo del proceso.
El titular de la ONPE invocó el artículo 35 de la Ley N°30057, Ley de Servicio Civil, que estipula el derecho a asistencia legal cubierta por la entidad en procesos penales o administrativos.
Según el reportaje, el equipo de asesores y personal de apoyo de Corvetto, sumado a su remuneración, representa un gasto al Estado de 88 329 soles mensuales.
En el caso de Juan Phang Sánchez, audios de 2018 revelados por Cuarto Poder registraron su voz presionando para agilizar la inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú, argumentando que las instrucciones venían “de la presidencia actual.”
Las investigaciones ante el Ministerio Público continúan en curso, buscando determinar las responsabilidades por el caos electoral que afectó a miles de votantes.
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