Fiscalía Investiga a Delia Espinoza por Presunto Peculado de Uso de Vehículos Oficiales

Ministerio Público Inicia Investigación por Presunto Delito de Peculado de Uso

El Ministerio Público ha iniciado una investigación formal contra la fiscal de la nación suspendida Delia Espinoza Valenzuela por el presunto delito de peculado de uso, tras emplear vehículos oficiales a pesar de encontrarse fuera del cargo desde el 19 de setiembre pasado, debido a una sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Escena relacionada con la investigación fiscal de Delia Espinoza

Contexto de la investigación fiscal en curso.

Detalles de la Investigación y Solicitud a la JNJ

De acuerdo con un oficio accedido, Wilfredo Rivera Baltazar, fiscal adjunto supremo provisional adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, solicitó a la JNJ que remita copia certificada de la Resolución de suspensión de Delia Espinoza Valenzuela, así como los cargos de notificación correspondientes, para impulsar la investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

El documento está dirigido a Melody del Carmen Fuentes Jara, secretaria general de la JNJ, indicando que lo solicitado debe ser remitido al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Antecedentes y Denuncia Presentada

La investigación contra Espinoza Valenzuela surge de una denuncia presentada por Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua y actual precandidato a diputado por el APRA. Según la acusación, la fiscal suspendida utilizó dos vehículos del Ministerio Público con placas GW-711 y EGW-715 durante su suspensión.

  • Período del presunto delito: 19 de setiembre al 28 de octubre
  • Acción posterior: El 29 de octubre, el fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez, solicitó la reincorporación de ambos vehículos a la Subgerencia de Transportes.

Contexto Legal y Justificación

Un informe de Asesoría Jurídica de la Fiscalía sugería que Espinoza podía seguir usando los vehículos “por razones de seguridad”, lo que añade un matiz legal a este caso que continúa bajo escrutinio.

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