El Ministerio Público interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32326, que modifica el Decreto Legislativo 1373, normativa clave para recuperar bienes obtenidos ilegalmente.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que esta reforma representa un «retroceso en la lucha contra el crimen organizado, lavado de activos y corrupción», al limitar las facultades estatales para confiscar patrimonios ilícitos.
El Ministerio Público busca que el Tribunal Constitucional:
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