Fiscalía archiva denuncia de exministro Santiváñez contra periodistas de Punto Final

Fiscalía confirma archivo definitivo de denuncia por reglaje periodístico

El Ministerio Público decidió archivar de manera definitiva la denuncia que el exministro del Interior Juan José Santiváñez presentó contra el equipo del programa dominical Punto Final.

Resolución judicial a favor del periodismo

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este declaró infundado el recurso de elevación de actuados presentado por Santiváñez, confirmando así el archivo de la investigación por el presunto delito de marcaje o reglaje en agravio del Estado.

Contexto relacionado con el Ministerio Público y la justicia
Imagen referencial del entorno del Ministerio Público.

La Fiscalía estableció que las labores de vigilancia y seguimiento realizadas por los periodistas en el reportaje “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?” se enmarcan dentro de su ejercicio profesional y no constituyen una conducta ilícita.

Actividad periodística como conducta protegida

  • El seguimiento efectuado por periodistas como Mónica Delta, Juan Subauste y Carlos Hidalgo constituye una “conducta neutra” protegida por los derechos constitucionales.
  • La resolución señala que “la actividad desplegada estuvo vinculada al quehacer periodístico con fines informativos”.
  • No se comprobó que dicha labor se utilizara para cometer o facilitar otro delito.

Argumentos desestimados y falta de pruebas

Santiváñez buscó criminalizar la obtención de imágenes en la vía pública para el reportaje, relacionándolo con presuntas llamadas extorsivas recibidas días antes. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó dicha acusación.

La resolución indica que el exministro nunca aportó pruebas de las supuestas amenazas, argumentando que había cambiado de línea telefónica y dispositivo móvil, perdiendo toda la información.

Fin de un proceso sin sustento

La acusación fue calificada como una “mera sindicación genérica y especulativa, carente de respaldo probatorio”. La Fiscalía destacó que no existe “ni siquiera un indicio mínimo” de que las extorsiones hayan ocurrido efectivamente, reafirmando así la protección al trabajo periodístico en el Perú.

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