La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ordenó una investigación preliminar para analizar la solicitud de declaratoria de ilegalidad del partido político Fuerza Popular. El fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado liderará el proceso para determinar si existen fundamentos legales.
La ciudadana Beatriz Cano, quien presentó la solicitud, argumenta que estos hechos configuran un patrón de conducta antidemocrática.
La investigación revisará procesos judiciales abiertos contra Keiko y Kenji Fujimori, además de analizar declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales que habrían promovido teorías de fraude electoral sin sustento.
«Este es un paso crucial para defender la institucionalidad democrática», señaló un analista consultado.
El fiscal Pimentel deberá recopilar evidencia documental y testimonial antes de emitir un dictamen final. De prosperar la investigación, Fuerza Popular podría enfrentar la disolución legal según el artículo 35° de la Ley de Partidos Políticos.
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