El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó una medida crucial en la lucha contra el crimen organizado: el Ministerio Público contará con acceso a la información de las llamadas realizadas desde los centros penitenciarios.
Esta decisión busca fortalecer de manera decisiva la investigación de delitos complejos que, con frecuencia, se coordinan desde el interior de las cárceles. La extorsión y el sicariato son dos de los flagelos que se espera combatir con mayor eficacia.
“Se perdía la mejor oportunidad para identificar, investigar y sancionar a los miembros de las organizaciones criminales”, afirmó el fiscal Gálvez, refiriéndose al uso histórico de estas comunicaciones como canal clave por parte de las mafias.
La herramienta se implementará mediante un convenio con el Ministerio de Justicia. Este acuerdo permitirá al Ministerio Público coordinar el uso de la información con otras instancias del Ejecutivo, lo que garantizará una acción más rápida y eficaz frente a las redes delictivas que operan desde los penales.
Con esta medida, las autoridades peruanas buscan cortar uno de los principales vasos comunicantes del crimen organizado, dando un paso firme hacia la seguridad ciudadana.
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