El congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso alertó que el desacato a resoluciones judiciales por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podría constituir un delito penal.
Salhuana recordó que la Corte Suprema ordenó la reposición de Benavides, decisión que debe cumplirse «sin demora». Advirtió que de lo contrario, se iniciaría un proceso por desobediencia a la autoridad con posibles consecuencias penales adicionales.
El legislador señaló que el Congreso podría intervenir políticamente en el caso, aunque reconoció que los trámites parlamentarios tienen «procedimientos y plazos» que podrían retrasar una resolución definitiva.
Salhuana cuestionó la forma en que la fiscalía evalúa las denuncias, poniendo como ejemplo el caso de la congresista María Acuña, designada titular de la Comisión de Vivienda pese a una denuncia por invasión de terreno.
«La bancada revisó los documentos presentados por la legisladora y consideró válidos sus descargos», explicó el congresista sobre la controversia de Acuña.
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