Confirmada pena de cárcel efectiva para expolicía involucrado en crimen durante manifestaciones
La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó la sentencia de 35 años de prisión efectiva contra Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco (28), el policía en retiro implicado en el asesinato del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, ocurrido en enero de 2023 durante las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte.

Detalles de la sentencia firme
A través de la red social X, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la sala judicial “confirmó los 35 años de prisión efectiva contra el responsable de los hechos que acabaron con la vida” del agente. Con esta medida, Apaza Uturunco cumplirá pena de cárcel hasta el año 2058.
“La decisión no solo sanciona un crimen, sino que sienta un precedente histórico en la defensa de la autoridad”, destacó la PNP.
La institución precisó que la sentencia confirma la responsabilidad por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego. Además, fueron ratificados los pagos de reparación civil impuestos: S/180,000 a favor de los herederos del efectivo policial y S/25,000 a favor del Estado.
El crimen que conmocionó a Juliaca
El suboficial José Luis Soncco Quispe perdió la vida en enero de 2023, tras ser agredido por una turba que luego incendió su patrullero. Según los detalles del caso, la víctima fue impactada por una piedra en la cabeza y, posteriormente, hallada calcinada dentro del vehículo policial.
Instantes previos al ataque, Soncco Quispe había sido obligado a bajar de la unidad junto a su colega Ronal Villasante Toque, en la urbanización Tambopata de Juliaca.
Proceso judicial y primera instancia
Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco fue sentenciado en primera instancia en junio de 2025 por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Juliaca, integrado por los jueces Víctor Paredes, Richard Condori y Yessica Condori.
El tribunal lo halló culpable del delito de disturbio agravado y sustracción de armas en el marco del crimen del suboficial Soncco.

Con esta sentencia firme, se cierra un capítulo judicial en un caso que ha marcado un precedente en la lucha por la justicia y la defensa de los miembros de la Policía Nacional del Perú.