Decenas de familias esperan en vano el apoyo prometido tras asesinatos por extorsión
Las familias de los transportistas públicos asesinados por extorsiones en Perú continúan sumidas en el abandono, sin recibir el apoyo económico y psicológico que el Estado les prometió durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

Cifras alarmantes y un registro incompleto
Según revelaciones del programa “Punto Final”, la Fiscalía registró 91 muertes por ataques armados contra el transporte público entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, el Ministerio del Interior solo remitió al Inabif una lista con 40 conductores fallecidos.
La cifra real de víctimas sería mayor, ya que también hubo cobradores y pasajeros entre los asesinados. Lamentablemente, no existe un registro oficial y completo de los deudos, lo que dificulta la identificación de los niños que quedaron en orfandad y la focalización de la ayuda.
El incumplimiento del Estado: ni bonos ni atención psicológica
Ni el gobierno de Dina Boluarte ni la actual administración de José Jerí han consolidado un padrón unificado. De los 40 casos reportados, se identificó a 38 menores huérfanos, mientras que las familias de los cobradores asesinados siguen sin certeza sobre el acceso a beneficios.
- Bonos incumplidos: Se anunciaron bonos de 200 y luego 500 soles que no se concretaron.
- Falta de apoyo continuo: Las familias denuncian no haber recibido el bono bimensual de 400 soles.
- Abandono psicológico: Tampoco se ha brindado la atención psicológica prometida.
Voces del dolor y la desesperación
Carmen Mendoza Granados, madre de un conductor asesinado en el distrito de San Martín de Porres, cuestionó públicamente el incumplimiento de los anuncios oficiales.
Otro caso emblemático es el de Diana Medina Laura, cuyo hijo quedó afectado emocionalmente tras el asesinato de su padre, sin recibir ninguna respuesta ni apoyo del Estado para superar el trauma.
Un futuro incierto para las familias huérfanas
La ausencia de un padrón unificado y la descoordinación entre instituciones mantienen a estas familias en un limbo. Los familiares de las víctimas de sicarios y extorsionadores denuncian el abandono y el incumplimiento sistemático de los compromisos oficiales, quedando en total desamparo.