El expresidente Pedro Castillo fue condenado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
En el mismo proceso, la exprimera ministra Betssy Chávez recibió una condena idéntica, aunque actualmente se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México. Por su parte, el exministro del Interior Willy Huerta fue sentenciado a 11 años, 11 meses y 15 días de cárcel, y el exprimer ministro Aníbal Torres a 6 años y 6 meses. Las penas de Huerta y Torres están suspendidas hasta que se ratifiquen en segunda instancia.
Distintos abogados y penalistas han expresado sus posturas respecto a la condena, destacando divergencias en la interpretación legal del caso.
El abogado Luis Lamas Puccio coincidió con el voto singular del juez Iván Guerrero, argumentando que los acusados «no debieron ser condenados solo por el delito de conspiración para rebelión, sino por rebelión». Sostuvo que, según el Código Penal, la conspiración requiere que se concrete la rebelión, y que excluir este delito «ha debilitado la defensa de la democracia». Además, consideró que «el caso podría caerse» en una segunda instancia.
La penalista Valeria Morón apoyó la postura del juez Guerrero, afirmando que existió tentativa de rebelión debido al «mensaje a la nación» emitido por Castillo, quien era el «jefe supremo de las Fuerzas Armadas». Morón explicó que hay tres posiciones sobre el caso:
Prevé que no habrá absolución en segunda instancia, sino un reexamen para definir entre conspiración o tentativa.
Para el penalista Rolando Bazán, la Sala Penal Especial no desarrolló adecuadamente la imputación. Indicó que «lo solicitado por la Fiscalía no constituye el delito de rebelión en sí» y que el caso de Castillo no aplica para conspiración o tentativa de rebelión. Bazán concluyó: «No considero que existan los verbos propios para el delito de rebelión. Debería ser absuelto».
Las opiniones expertas subrayan la complejidad legal del juicio y la posibilidad de cambios en la sentencia durante la apelación. Mientras tanto, los condenados enfrentan un proceso judicial en evolución que podría redefinir los cargos y las penas.
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