El Gobierno del presidente José Jerí tiene pendiente anunciar un “paquete de medidas” en respuesta a la movilización social del miércoles 15 de octubre, que dejó un fallecido y 120 heridos —78 policías y 24 civiles—, junto a una declaratoria de estado de emergencia. Según el premier Ernesto Álvarez Miranda, esta medida se aplicará “por lo menos, en Lima Metropolitana”.
El Consejo de Ministros se declaró en sesión permanente, y el presidente Jerí Oré informó vía X que, en coordinación con su primer ministro, “ha dispuesto que todos los ministerios inicien una política de puertas abiertas” para dialogar con autoridades, gremios y la sociedad civil.
Álvarez Miranda detalló que el mandatario encargó “preparar un paquete de medidas, y someterlo al debate técnico, en el menor tiempo posible”. Además, enfatizó que la declaratoria de emergencia no será “simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva para el ciudadano común”.
La expresidenta Dina Boluarte registró al menos 21 declaratorias de estados de emergencia durante su mandato, según revisión documentada. A continuación, los hitos más relevantes:
El caso de Pataz evidencia los límites de esta estrategia: a pesar de diez ampliaciones del estado de emergencia, en mayo de 2025 ocurrió una masacre con 13 fallecidos en un socavón minero, lo que llevó al Gobierno a ampliar la medida once veces e imponer un toque de queda.
El exdirector de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha cuestionó la eficacia de los estados de emergencia, señalando que “fracasó” por errores en su ejecución y uso político. En diálogo con medios, explicó que “el plan operativo debía ser diseñado por la Policía, pero los militares solo se limitaron a resguardar a los efectivos policiales”, sin coordinación activa.
Pérez Rocha recordó que el estado de emergencia implica la suspensión de libertades fundamentales, como el libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio, por lo que su uso debería ser excepcional y justificado. “Si se declara el estado de emergencia, lógicamente se tendrían que suspender las actividades multitudinarias, pero según la realidad, esto no se podría hacer”, afirmó.
Se aguarda que la nueva declaratoria de emergencia sea oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial El Peruano, mientras el Gobierno busca equilibrar seguridad y diálogo en un contexto de creciente movilización social.
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