La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción logró la inscripción de 35 inmuebles valorizados en S/47′205,596.00, pertenecientes a investigados del caso «Mi Vivienda». La medida incluye propiedades de Sada Goray, Roger Gavidia y Pilar Tijero.
«Se aprecian suficientes elementos que vinculan a Goray con los delitos investigados», fundamentó el Poder Judicial al ordenar el embargo en febrero de 2024.
Las órdenes de inhibición registral buscan evitar la disposición de estos bienes mientras avanza la investigación. Este operativo marca un hito en la lucha contra redes de corrupción en programas sociales.
