Embargo de S/ 1.36 millones a inmuebles de hermanos Vizcarra en caso de corrupción

Poder Judicial ordena embargo preventivo a candidato presidencial y su hermano

En un hecho que evidencia la lucha contra la corrupción en el Perú, el Poder Judicial dispuso el embargo preventivo de inmuebles pertenecientes al candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, y de su hermano César Vizcarra Cornejo. La medida busca garantizar el pago de una eventual reparación civil al Estado, por un monto aproximado de S/ 1.36 millones.

Representación artística de corrupción en obras públicas y construcción
Imagen ilustrativa sobre casos de corrupción en obras públicas.

Los detalles de la investigación

La medida cautelar fue ordenada en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en la región Tacna. Según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el caso se investiga por el presunto delito de colusión agravada.

El presunto perjuicio económico

La investigación fiscal señala que el perjuicio económico estaría vinculado a un contrato valorizado en cerca de S/ 6 millones por el alquiler de maquinaria para una obra de defensas ribereñas ejecutada en 2018 en el centro poblado de Mirave, distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre. Según las pesquisas, la maquinaria no habría sido ejecutada.

  • Acusados: Mario Vizcarra Cornejo y César Vizcarra Cornejo.
  • Delito investigado: Colusión agravada.
  • Monto del embargo: S/ 1.36 millones.
  • Valor del contrato cuestionado: Aproximadamente S/ 6 millones.
  • Instancia judicial: Juzgado de Investigación Preparatoria de Jorge Basadre.
Persona de espaldas frente a una línea de policías durante una manifestación
Contexto de demanda social y conflicto vinculado a casos de corrupción.

Etapa actual del proceso

El embargo fue dispuesto por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Jorge Basadre. El proceso continúa en etapa preparatoria contra Mario y César Vizcarra Cornejo como presuntos cómplices de las irregularidades denunciadas.

Este caso refuerza el escrutinio sobre la gestión pública y la responsabilidad de los funcionarios, en un momento político crucial para el país.

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