Denuncia Constitucional Acusa a Dina Boluarte por Extensión Ilegal de Contrato en Puerto de Matarani

Congresista Edwin Martínez Interpone Denuncia Constitucional

El congresista Edwin Martínez Talavera presentó ayer una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, dirigida contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, el exministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval Pozo, y el exministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez-Reyes Espejo.

Congresista Edwin Martínez hablando en sesión legislativa
Congresista Edwin Martínez durante una sesión en el Congreso.

Fundamentos de la Denuncia por Extensión de Contrato

La denuncia se basa en la aprobación del Decreto Supremo Nro. 015-2025-MTC, que autorizó la extensión del contrato de concesión a la empresa Terminal Internacional del Sur SA (TISUR SA) por un nuevo plazo de 30 años para operar en el puerto de Matarani en Arequipa. Originalmente, el contrato estaba programado para terminar en el año 2029.

  • Empresa Concesionaria: TISUR SA
  • Ubicación: Puerto de Matarani, Arequipa
  • Plazo Original: Hasta 2029
  • Extensión Aprobada: 30 años adicionales

Evasión de Concurso Público y Afección al Interés Nacional

Según el documento presentado, se habría evadido la realización de un concurso público para seleccionar un nuevo concesionario, lo que carece de una valoración adecuada de la conveniencia al interés público y atenta directamente contra la libre competencia en la contratación pública.

«Careciendo de una adecuada valoración de la conveniencia al interés público, y atentando directamente contra la libre competencia en la contratación pública», se lee en el petitorio.

Dina Boluarte en interacción pública
Dina Boluarte en un contexto de diálogo público.

Peticiones de Inhabilitación y Acción Penal

El congresista solicita que se determine la responsabilidad de los acusados y se resuelva inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública. Además, pide que se remita la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda con la acción penal correspondiente.

Esta denuncia marca un punto crucial en la rendición de cuentas de altos funcionarios y podría tener repercusiones significativas en la gestión de contratos públicos en el Perú.

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