Joseph Campos, representante legal de la presidenta Dina Boluarte, afirmó categóricamente que no existen pruebas que relacionen a su clienta con las muertes ocurridas durante las protestas sociales iniciadas en diciembre de 2022.
En declaraciones a RPP, Campos respaldó la decisión del Congreso de archivar la denuncia constitucional, argumentando que:
«La presidenta tenía que controlar el orden público actuando dentro del marco constitucional», enfatizó el jurista.
Campos precisó que, más allá del artículo 117 de la Constitución, no se hallaron elementos que comprometan a la mandataria, reafirmando que su actuación se ajustó al marco jurídico peruano durante la crisis social.
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