La fiscal de la nación Delia Espinosa ha solicitado la cancelación de la inscripción y declarar ilegal al partido Fuerza Popular debido a presuntas conductas antidemocráticas, incluyendo promover atentados contra figuras incómodas y justificar violaciones a los derechos humanos. Este movimiento ha desencadenado un intenso debate político en el país, con especial énfasis en la región de Junín.
Dirigentes y autoridades locales han expresado posturas divergentes. Algunos abogan por respetar el debido proceso y el derecho a la participación política, mientras otros apoyan una sanción ejemplar si se comprueban irregularidades. Entre las figuras que han opinado se encuentran:
En respuesta a las acusaciones, Fuerza Popular emitió un comunicado donde manifiesta solidaridad con las familias de las víctimas de asesinatos en la provincia de Pataz y critica la inaacción del gobierno frente a la minería ilegal y la violencia. Además, anunció su intención de interpelar al ministro de Defensa por el rol percibido como pasivo de las Fuerzas Armadas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será la entidad encargada de pronunciarse de manera definitiva sobre este caso. Las posturas en el debate oscilan entre llamados a la prudencia y denuncias de persecución política, reflejando la polarización en el escenario peruano.
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