Congreso enfrenta proceso judicial por compra de antenas en 2018
El Congreso de la República atraviesa una crisis financiera derivada de la compra de un sistema de antenas satelitales adquirido en 2018 para ampliar la señal de Congreso Televisión en varios países del continente. Según reveló el programa Cuarto Poder, el proyecto no pudo ejecutarse debido a problemas estructurales detectados en el edificio parlamentario.
Los detalles del conflicto contractual
La empresa proveedora Río Pacífico SAC, representada por el accionista Jorge Amors, asegura que los equipos fueron entregados conforme al acuerdo. Sin embargo, al momento de la instalación se descubrió que la azotea del inmueble no soportaba el peso de las antenas parabólicas, lo que impidió continuar con el proyecto.
Ante esta situación, el caso escaló a instancias arbitrales y luego al ámbito judicial. Según el accionista, el Congreso mantiene una deuda pendiente que incluye el pago original, indemnización y gastos acumulados. La empresa ha obtenido resoluciones favorables dentro del proceso y evalúa mecanismos para ejecutar el cobro, entre ellos la posibilidad de solicitar el embargo de cuentas de la institución.
La postura del Congreso
El área de imagen institucional del Parlamento difundió un pronunciamiento en el que sostiene que algunos pedidos de Río Pacífico SAC fueron rechazados en determinadas instancias. Además, señaló que un laudo arbitral dispuso que la empresa pague al Estado S/ 192,569.20 por concepto de penalidades por mora. La institución remarcó que existen decisiones dentro del proceso que respaldan su posición.
Por su parte, la empresa proveedora insiste en que los retrasos no fueron ocasionados por su gestión, sino por la falta de evaluación previa de la infraestructura del edificio para instalar los equipos.
Ausencia de sanciones a funcionarios
Hasta el momento no se ha informado sobre sanciones contra funcionarios vinculados a la aprobación o ejecución del proyecto. El caso continúa generando cuestionamientos sobre la planificación técnica y administrativa de la compra realizada por el Parlamento.