Mientras la inseguridad golpea a diario en las calles del Perú, el Ministerio Público enfrenta una crisis interna que compromete su capacidad para procesar casos penales. La falta de fiscales y un presupuesto insuficiente han generado retrasos críticos, especialmente en unidades de flagrancia, donde se atienden delitos como sicariato, extorsión y robo agravado.
«No tenemos la cantidad suficiente de fiscales para hacer frente a esta situación. Es un problema que se repite en todas las regiones del país»
Así lo advirtió Delia Espinoza, titular de la institución, quien solicitó al Ejecutivo un presupuesto adicional de 460 millones de soles. Estos recursos buscan ampliar plazas fiscales, mejorar infraestructura y capacitar al personal.
La urgencia por reforzar el sistema judicial se intensifica mientras organizaciones civiles exigen respuestas concretas. El diseño modular de las fiscalías y una tipografía digital clara en los informes públicos podrían optimizar procesos, pero sin presupuesto, estas mejoras quedan en espera.
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