Llegó un nuevo año y, poco antes, un nuevo gobierno, pero el principal problema del país sigue siendo viejo: el crimen prolifera en las calles del Perú. La asunción de José Jerí hacía albergar una esperanza, pero al cumplir tres meses de gestión, la crisis de inseguridad se mantiene.
En los primeros ocho días de enero de 2026, la violencia homicida mantiene su ritmo implacable. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 40 homicidios se registraron a nivel nacional, un promedio de cinco muertes por día. Lima es la región más golpeada con 18 homicidios.
En total, durante los primeros 90 días del nuevo gobierno se registraron 509 homicidios, con un promedio diario superior a cualquier gestión anterior. Todo ello evidencia que, hasta ahora, las medidas de seguridad implementadas no logran frenar la violencia.
Un aspecto importante anunciado por Jerí fue que esta vez, las declaratorias de estado de emergencia sí funcionarían. No obstante, a casi tres meses de haberse decretado en Lima y Callao, los registros oficiales reportan 170 homicidios en 78 días, con más del 80% de los casos cometidos con armas de fuego.
Solo Lima Sur muestra una reducción clara de homicidios, mientras que Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Callao mantienen cifras similares o incluso mayores que antes de la medida.
Entre los distritos más golpeados con los homicidios destacan:
En algunos distritos se observa un desplazamiento del crimen: Los Olivos pasó de 0 homicidios a 7 durante el estado de emergencia, mientras que Comas redujo sus casos en 70%. Situación similar ocurre entre Ate y El Agustino.
Apenas dos días de iniciado el 2026, dos asesinatos se registraron en San Martín de Porres e Independencia. En el primero, un chofer de transporte público, perteneciente a la empresa Etmosa, fue acribillado mientras realizaba su ruta habitual. La víctima recibió cinco disparos.
En circunstancias similares perdió la vida un motociclista, quien se encontraba a bordo de un vehículo estacionado, en el asentamiento humano Cruz de Mayo, cuando un sujeto le disparó a sangre fría. El delincuente huyó en otra motocicleta junto a dos cómplices.
Los menores de edad también son presa fácil. Dos adolescentes fueron atacados, la madrugada del 5 de enero, en San Juan de Lurigancho. Ambos se encontraban fuera de sus viviendas cuando fueron acribillados. La Policía Nacional recogió veinte casquillos de bala en el lugar del crimen. Murieron camino al hospital.
En el Callao, otro sujeto intentó huir de la delincuencia al resguardarse en una vivienda en la que operaba una tienda de venta de pescado. La víctima, de aproximadamente treinta años, logró subir hasta la segunda planta del inmueble, pero fue alcanzado por su atacante y recibió varios disparos.
Tras dicho incidente, reportado el 6 de enero, un taxista y un chofer de combi perdieron la vida. Los crímenes se registraron en días consecutivos, el 7 y 8 de enero.
Durante los tres meses del gobierno de Jerí, los homicidios muestran que la violencia no cede. Entre el 10 octubre de 2025 y el 9 de enero de 2026 se registraron 509 asesinatos a nivel nacional, con un promedio diario de 5,66 casos, superior al de cualquier gobierno anterior.
Para ponerlo en perspectiva, durante los gobiernos anteriores se registraron los siguientes promedios diarios de homicidios:
Octubre lideró la cifra con 186 homicidios, seguido de diciembre con 173 y noviembre con 168, lo que refleja un ritmo sostenido de la criminalidad, que no se ha visto reducida pese a los anuncios oficiales.
Cabe recordar que el 15 de diciembre, el Congreso otorgó al Ejecutivo facultades legislativas por 60 días para impulsar 48 iniciativas, incluyendo seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada. Sin embargo, hasta ahora, el régimen no implementa ninguna ley en el marco de estas facultades.
El exministro del Interior Remigio Hernani calificó la actual situación de inseguridad como una continuidad de la violencia del gobierno pasado.
Sobre las estrategias para reforzar la policía, Hernani criticó la falta de personal especializado: “No veo que esté avanzando mucho porque, por ejemplo, no hay policías de inteligencia, no hay la cantidad suficiente para luchar contra el crimen”.
Asimismo, alertó sobre la corrupción interna que debilita a la institución: “El señor ministro (Vicente Tiburcio) y el señor comandante general de la PNP (Óscar Arriola), se deben preocupar por erradicar a los malos elementos que existen dentro de la policía (…) Eso baja la moral y crea un desprecio tremendo”.
En este contexto, hay que incidir también en el anuncio de Jerí sobre la presentación de un plan de seguridad ciudadana. Hasta ahora, no hay nada a la vista.
El exdirector general de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha, cuestionó la legalidad de este plan y advirtió que su formulación incumple la Ley 27933.
Según explicó, este tipo de políticas deben ser discutidas y aprobadas de manera multisectorial en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y no ser diseñadas desde el Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que el mandatario estaría “engañado o mal asesorado”, pues “no le corresponde al presidente formular un plan de seguridad ciudadana”.
Pérez Rocha también criticó que el mandatario intenta sacar el plan “como sombrero de mago”, pese a que este tipo de documentos deben elaborarse con al menos un año de anticipación para ser operativos.
El panorama más desalentador se vive en la capital, donde se registra el mayor número de homicidios a nivel nacional. Con cifras que podrían ser aún mayores debido a casos “ignorados/sin registro” en el Sinadef, la necesidad de medidas efectivas es más urgente que nunca.
¿Hay que seguir esperando? La sociedad peruana clama por seguridad, mientras la violencia sigue cobrando vidas inocentes.
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