La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República expresó su firme rechazo a cualquier intento de intromisión, interferencia o amenaza que busque condicionar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
Mediante un pronunciamiento institucional, el máximo órgano del Poder Judicial recordó que en un Estado constitucional y democrático de derecho no se admiten presiones ni condicionamientos de ningún tipo sobre la labor judicial.
La Corte Suprema advirtió de manera contundente que las amenazas de intervencionismo, sanciones disciplinarias u otras medidas contra resoluciones emitidas dentro de las competencias legítimas resultan inaceptables.
El uso del poder político para interferir en la justicia afecta el orden democrático, vulnera la separación de poderes y perjudica directamente a la ciudadanía, en especial a los sectores más vulnerables.
El tribunal reafirmó su compromiso de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y de no ceder ante presiones o imputaciones infundadas que busquen instrumentalizar el control político o punitivo.
El pronunciamiento se dio tras las críticas del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a una decisión judicial vinculada al caso Cayara. Frente a estas, el Poder Judicial defendió la independencia como condición esencial para la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana.
La Corte Suprema insistió en que la defensa de la autonomía judicial es un pilar fundamental para la democracia peruana.
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