Corte Suprema ratifica prisión preventiva de Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

Confirmación de la Prisión Preventiva

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien continuará recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, debido al proceso penal por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Protesta con carteles exigiendo libertad

Contexto de demandas por libertad en casos judiciales

Recurso de Apelación Declarado Infundado

El Tribunal Supremo declaró «infundado» el recurso de apelación presentado por Castillo contra la resolución del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, emitida el 25 de junio, que desestimó el pedido de levantar la prisión preventiva.

Objeciones de la Defensa

La defensa de Castillo cuestionó la participación de fiscales adjuntos en audiencias, alegando que solo fiscales supremos designados por el Fiscal de la Nación debían intervenir, lo que según ellos afectaba la validez procesal.

Ratificación de la Corte Suprema

La sala suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó la resolución al concluir que no existe irregularidad en la participación de fiscales provisionales o adjuntos, por lo que no corresponde anular lo actuado ni retrotraer el proceso.

Personas interactuando con carteles de libertad

Actividades relacionadas con reclamos de libertad en procesos judiciales

Fundamentos Legales

El tribunal recordó que el artículo 154, numeral 4, del Código Procesal Penal (CPP) prohíbe reponer el proceso a fases ya superadas. Además, el levantamiento de la prisión preventiva solo procede con nuevos elementos de investigación o prueba, conforme al artículo 283, inciso 4, del CPP.

Condena Solicitada por la Fiscalía

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada solicitó una condena de 34 años de prisión y 3 años y 6 meses de inhabilitación para Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave alteración del orden público.

Otros Procesos Penales

Castillo también enfrenta una orden de prisión preventiva en la investigación por presuntos delitos de organización criminal y otros, relacionados con los casos de Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.

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