La Corte Suprema confirmó la decisión de levantar el secreto de las comunicaciones de la excongresista Luciana León, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias en perjuicio del Estado. La medida permitirá a la Fiscalía acceder a su historial telefónico entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
La Sala Permanente consideró «infundado» el recurso de apelación presentado por León, quien buscaba anular una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 21 de noviembre de 2004. El tribunal argumentó que la investigación versa sobre un delito concreto y utiliza dos teléfonos que la exparlamentaria tenía a su disposición durante su rol en el Congreso.
León sostenía que no existían suficientes elementos de convicción para vincularla con la comisión de ilícitos penales. Sin embargo, la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, destacó que la información solicitada es «pertinente y específica», incluyendo llamadas, ubicación, tiempos y personas implicadas en un lapso razonable.
«La información que se pidió comprende un ámbito mayor a lo obtenido por el deslacrado de un teléfono, solo obtenible por las empresas de telefonía», señaló la sala.
La excongresista es investigada por allegedly haber invocado o evidenciado influencias reales o simuladas para interceder ante funcionarios públicos a favor de terceros. Además, enfrenta otra investigación por su presunta relación con la organización criminal «Los Intocables Ediles de La Victoria».
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