El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Perú declaró infundada la solicitud de cese de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, manteniendo vigente la medida por 18 meses desde julio de 2024.
La defensa de Castillo alegó incompetencia de los fiscales que intervinieron en el caso, solicitando su liberación inmediata. El tribunal rechazó estos argumentos, señalando que «la actuación de fiscales adjuntos supremos está legalmente respaldada» y que no existían nuevos elementos que justificaran modificar la medida cautelar.
Castillo permanece recluido en el penal Barbadillo mientras continúa el proceso judicial. El exmandatario niega todos los cargos y cuestiona la legitimidad del proceso, mientras la Corte Suprema considera la prisión preventiva como «medida proporcional y justificada» ante la gravedad de los delitos imputados.
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