Revelación: 65% de aportantes a campaña de Ciro Castillo obtuvieron contratos con el Gobierno Regional del Callao
Un informe basado en documentos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) destapa que el 65% de los contribuyentes a la campaña del actual gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, han accedido a contratos con la misma entidad gubernamental tras su elección.
Casos Destacados de Contrataciones
Durante su campaña en 2022, Castillo registró 24 aportantes, varios de los cuales realizaron donaciones en especies de S/1 200, pero posteriormente consiguieron órdenes de servicio que superan los S/30 000.
- Jorge Julián Quispe Gómez: Aportó S/5 500 en especies. Su empresa, Transpoeco Perú SAC, donde es accionista, obtuvo contratos por casi medio millón de soles, incluyendo uno por Manipulación, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos por S/39 000 el 8 de marzo de 2023 y otro por recolección en la sede central por más de S/129 000 el 15 de enero de 2025.
- Humberto Matta Corazon: Contribuyó con polos, globos y llaveros por S/1 800. Es dueño de “Mattco soluciones en publicidad”, que recibió pagos por más de S/19 000 por una gigantografía el 27 de abril de 2023 y contratos que superan los S/442 000 este año por letreros, arreglos florales y alquileres. Su otra empresa, Generale’s Service’s V&K EIRL, reactivó contratos por montos que exceden los S/489 000.
- Familia Salluca Salluca: Cuatro integrantes recibieron contratos tras sus aportes:
- Hipólita Salluca: Aportó S/7 000 y obtuvo S/11 020.
- Miguel Ángel Salluca: Donó S/1 200 y accedió a S/30 800.
- Yuli Salluca: Contribuyó con S/1 500 y recibió S/30 000.
- Sonia Salluca: Con una donación de S/8 800, logró contratos que suman más de S/103 000.
- Walter Tincopa Silvera: Con un aporte de S/6 500 en especies, consiguió contratos que superan los S/103 000.
Análisis Legal y Contexto Político

La abogada especialista en derecho administrativo público, Cecilia Ruiz Morales, indicó que esta situación se trataría de un conflicto de intereses, un modus operandi que se aplica en campañas políticas. “Estos casos reflejan prácticas que requieren una mayor transparencia en la gestión pública”, subrayó.
Impacto en la Administración Pública
Los hallazgos ponen en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que el financiamiento de campañas influya en la asignación de contratos estatales, asegurando equidad y legalidad en los procesos.