El presidente del Congreso peruano, Eduardo Salhuana, admitió públicamente que las contrataciones de familiares directos por parte de congresistas constituyen una «falta ética» que requiere atención inmediata, aunque aclaró que estas prácticas no son ilegales.
Salhuana confirmó específicamente el caso de la congresista Rosío Torres, quien tiene contratadas en el Parlamento a su madre Cecilia Salazar Mattos y a su hija Alexandra Tafur Salazar, ambas militantes de Alianza para el Progreso (APP). «Son familiares directos», declaró durante un foro económico.
Investigaciones periodísticas del diario El Comercio revelaron la existencia de al menos 30 parejas de hermanos laborando en el Congreso. Ante estos hallazgos, Salhuana anunció:
El titular del Legislativo subrayó el efecto negativo en la percepción ciudadana: «Destacó la importancia de considerar el impacto ético y la percepción ciudadana sobre la transparencia del Congreso», actualmente cuestionado por estas prácticas.
El exoficial mayor José Cevasco condenó estas contrataciones como «mal uso del poder de influencia» y exigió:
La investigación adicional documentó casos donde familiares comparten domicilio y perciben salarios similares, profundizando las dudas sobre la objetividad en las contrataciones.
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